Los suicidios por desahucio continúan existiendo. Y si bien es cierto que las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual, para la protección de los colectivos vulnerables, están consiguiendo disminuir el número de desahucios hipotecarios, medida que se prolongará hasta el 2028, los desahucios por impago de las rentas del alquiler continúan vivos y creciendo.
De acuerdo a los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos o desahucios efectuados en 2023 se redujo un 30 % hasta alcanzar la cifra de 26.659 procesos, de los cuales tres cuartas partes, un 74,1 % o 19.676, fueron por impago del alquiler. Lo que en un escenario de rentas altas y escasa oferta no puede dejar de empeorar.
Un doble suicidio en Barcelona vuelve a dar luz al problema del alquiler
Esta misma semana se ha producido en Barcelona el suicidio de dos hermanas el mismo día que se iba a proceder a su desahucio. Una letal desconexión entre los servicios sociales municipales, que no pudieron ponerse en contacto con las dos hermanas y el juzgado, qué si pudo entregar la orden de lanzamiento, propició el fatal suceso producido en la madrugada del pasado lunes, horas antes de que apareciera la comitiva judicial.
Este doble suicidio es uno más en la larga lista de los sucedidos desde el 2010 y se vuelve a producir en Cataluña, que es la comunidad autónoma más afectada por los desahucios en general. Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.158 procedimientos.
En los inicios de la pasada década, con una crisis financiera e inmobiliaria como nunca se había conocido y un gobierno que optó por proteger los derechos de los bancos frente a los de la ciudadanía, se produjeron una larga lista de suicidios declarados y otra más larga aún en que por diferentes motivos los suicidios y sus actores quedaron ocultos ante la opinión pública.
Este doble suicidio se produce en otro contexto, con otro Gobierno más concienciado del problema y con unas leyes que pretenden impedir al menos una de sus causas, el desahucio. Sin embargo, esas leyes que pretenden proteger a los vulnerables, han vuelto a fallar en esta ocasión.
Las dos hermanas sobrevivían en un piso subrogado de la madre, fallecida por Covid en 2021. Desde entonces no habían vuelto a pagar la renta por pobreza vergonzante, conocían desde hacía meses la fecha del desahucio y se negaron a vivir lo que llegaba. No ha trascendido cuál era su medio de vida, pero eran dos personas vulnerables, de esas con las que algunos aporofóbicos zahieren al Gobierno preguntando con sorna que “a cuántas tocamos por español de bien?
Los suicidios continúan incrementándose desde el 2018
El mayor problema con el que se encuentran estas personas desahuciadas de sus viviendas alquiladas es que después ya no hay nada. La inexistencia de la vivienda social necesaria deja a estos desalojados en la calle, con la nimia protección de unos servicios sociales que carecen de los medios suficientes. Por eso algunos de ellos contemplan el suicidio como única salida.
Al ser una cuestión tabú para nuestra sociedad no hay datos muy fiables, pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de muertes por suicidio en España está creciendo desde el 2018. Entre el 2018 y el 2022 los fallecidos por suicidio no dejan de crecer cada año: 3.539- 3.671 -3.941- 4.003- 4.097. De acuerdo a los datos preliminares, en los seis primeros meses del 2023 se han producido 1.967 fallecimientos (el 75,2% de ellos fueron hombres y el 24,8% mujeres).
Es decir, cada día se suicidan más diez personas en España, el doble de las que mueren por accidentes de tráfico, convirtiendo así a esta causa de fallecimiento en la primera del país, con 7,6 suicidios por cada 100.000 habitantes. En todo caso hay que tener en cuenta que estos son los datos oficiales, los otros, podrían multiplicar la cifra por dos, ya que muchas muertes falsean su causa por cuestiones religiosas medievales y por la vergüenza y difícil explicación que supone un suicidio en la familia.
De esta forma, en nuestro país, el suicidio es la primera causa de muerte violenta y una parte importante se producen por situaciones económicas. Sin embargo y posiblemente por no incrementar la presión social hacia determinados sectores que están en su origen, el INE no facilita datos disgregados sobre las causas del suicidio, por lo que no existen cifras fiables sobre el porcentaje de suicidios por desahucio sobre el total.
Y si los datos nos cogen por sorpresa es porque nuestro desconocimiento se debe al interés existente por ocultarlos. Los bancos porque no quieren aparecer como asesinos de personas en sus desahucios, el Gobierno porque no destina presupuestos para su contención y tratamiento y los medios porque se escudan en el «efecto Werther» o imitación, cuyo nombre se debe a los suicidios ocurridos supuestamente en el siglo XVIII entre jóvenes que leyeron la novela romántica de Goethe ‘Las penas del joven Werther’.
La situación del mercado de la vivienda como primera causa de pobreza
En su momento, la PAH imputó al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015. Esta dura cifra representa algo menos del cincuenta por ciento de todos los que se producen en el país. Lo que significa que la mala situación económica de los afectados o de sus familias es, en casi la mitad de las ocasiones, el origen de tan dramática decisión.
Vivimos en una sociedad que tiende a la culpa individual. Un sistema bastante malvado, diseñado para el disfrute de una pequeña minoría más malvada aún y apoyado por una mayoría más o menos evadida en cómodos mundos de pequeños lujos, que ponen las desgracias más allá de sus ventanas, apenas entreabiertas a la realidad. Los suicidas son enfermos culpables y los que no pueden pagar las hipotecas irresponsables convertidos en vulnerables, a los que tendremos que pagar su supervivencia por culpa de un Gobierno traficante de votos que tolera y protege a los okupas que es, como se dice, uno de los grandes problemas nacionales.
Con respecto a los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas en 2023, tan traídos y llevados en los medios como argumento contra el Gobierno, se registraron, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2.261 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 18,8 % menos que en 2022. En Cataluña sumaron 445, un 23,6 por ciento del total nacional. Por detrás, Andalucía, con 424; Comunidad Valenciana, con 379; y Madrid, con 215. El otro dato es qué si en este país existen 26 millones de viviendas, de las que 3,5 millones están vacías, la ocupación representa el 0,001%.
El precio de la vivienda está subiendo y lo va a seguir haciendo el resto del año; las condiciones bancarias para acceder a una hipoteca podrían empezar a mejorar BCE mediante, pero los alquileres, aún con ese pequeño control del 3% para 2024, que los propietarios se saltan con mil y un subterfugios, se han disparado un 14% en el último año. Muy por encima de la subida de los sueldos.
La esperada rentabilidad de un bien de primera necesidad convertido en especulativo
Al final de la inextricable situación de la vivienda en España, con los alquileres en el objetivo de rentabilidad económica de fondos, socimis y tenedores diversos, se encuentran los vulnerables y los jóvenes. Y por más que ahora le llamemos coliving o cohousing, que parece que en inglés queda mejor el piso entre varios, la habitación compartida, o la litera caliente, que a todo se ha llegado ya en Madrid, esta rentabilidad económica de un bien que jamás debiera haber sido especulativo, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como país.
Las dos hermanas fallecidas en Barcelona debían 9.000 euros en rentas a su casero, un pequeño tenedor. Y no resulta razonable que ninguna persona tenga que soportar estas pérdidas a sus expensas. El derecho constitucional a la vivienda debe reposar sobre el Estado y no sobre ese 95% de pequeños propietarios sobre los que bascula el mercado del alquiler en España.
La seguridad jurídica en su actividad económica no es discutible, otra cosa muy distinta es la regulación de un mercado que necesita millones de viviendas a precios asequibles y en tanto no se construyan esos 2,3 millones de viviendas que nos faltan en el mercado del alquiler, los precios no se podrán liberalizar porque tendríamos una hecatombe. ¿Cómo sufragar la diferencia de precio entre una vivienda de alquiler libre y otra protegida? ¿Cómo impedir la picaresca en un sentido o en otro?
El control de alquileres debe ser una medida temporal
La patronal CEOE se pone muy nerviosa y agresiva cuando se habla de subir el SMI, también defendiendo a ASVAL, la patronal de los propietarios de viviendas en alquiler, cuando se limita el precio de las rentas que sube muy por encima de los salarios. El español medio tuvo que dedicar el 43% de su sueldo bruto a pagar el alquiler de su vivienda en 2023, frente al 41% que dedicaba en 2022 y la situación, con los alquileres al alza, va a volver a empeorar este año.
Lo asegura el Banco de España y parece lógico, la extensión temporal de la vigencia de los contratos de alquiler y su combinación con actualizaciones de rentas anuales por debajo del IPC disminuyen los incentivos para aumentar la oferta de alquiler. Estos desincentivos serían mayores en el ámbito de las personas jurídicas, ya que los inquilinos de estas entidades han recibido una mayor protección.
La solución debe pasar por la toma de medidas temporales para solucionar el problema actual de falta de vivienda y precios altos. Cuando la oferta y la demanda se equilibren podrá liberalizarse el mercado. Pero al ritmo de construcción actual el problema va para largo.
Compartido con Aquimicasa
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